Uno de los espacios de sanción penal en los que pueden implicarse los Ayuntamientos consiste en los “Trabajos en beneficio de la Comunidad”, en adelante TBC. Es una pena privativa de derechos cuyo origen data del Código Penal de 1995. Sin embargo, ha adquirido un especial relieve a raíz de la Ley Orgánica 15/2007 en materia de Delitos contra la Seguridad Vial. Es indudable la trascendencia cuantitativa de esta pena, al ser la sanción más comúnmente aplicada en cuanto a penas alternativas se refiere. Evidentemente, la fotografía que acompaña no hace más que mostrar lo que no debe ser un TBC.
Su regulación viene determinada en el artículo 49 del Código Penal -según redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre; en el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de su ejecución; en el Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, que modifica a su vez el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, cuyos artículos 22 y 23 regulaban la protección de Seguridad Social de los sometidos a estas penas; y en el Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre que, viene a modificar determinados artículos del Real Decreto 515/2005.
Las principales novedades del citado Real Decreto 1849/2009 consisten en:
- Ampliar las Instituciones obligadas a facilitar plazas para el cumplimiento de esta pena, incluyendo en esta obligación a las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.
- Responder a los principios de celeridad y simplificación de trámites, suprimiendo el llamado segundo consentimiento del penado.
- Establecer los mecanismos necesarios para dotar de mayor rigor el cumplimiento de la pena, potenciando las consecuencias legales frente a las incomparecencias de los penados.
- En los casos de delitos contra la seguridad vial, introducir la posibilidad de que la pena se cumpla mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial.
- Ampliar las Instituciones obligadas a facilitar plazas para el cumplimiento de esta pena, incluyendo en esta obligación a las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.
- Responder a los principios de celeridad y simplificación de trámites, suprimiendo el llamado segundo consentimiento del penado.
- Establecer los mecanismos necesarios para dotar de mayor rigor el cumplimiento de la pena, potenciando las consecuencias legales frente a las incomparecencias de los penados.
- En los casos de delitos contra la seguridad vial, introducir la posibilidad de que la pena se cumpla mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial.
