Acciones en nombre e interés del Ayuntamiento.

Los ayuntamientos están obligados a defender sus bienes y derechos. Sin embargo, puede ocurrir y ocurre muchas veces que no lo hagan. Unas veces ocurre porque se trata de un pequeño ayuntamiento sin recursos. Otras veces, las más, son Corporaciones municipales con intereses "encontrados". Estamos ante situaciones que rozan el ilícito penal como más adelante explicaremos.

Cuando eso ocurre, cualquier vecino puede requerir al Ayuntamiento para que ejercite las acciones que sean necesarias para:

• recuperar esa maravillosa finca cercada por un indeseable particular,
• liberar los caminos rurales de los vertidos de una empresa contaminante
• paralizar las obras que arrasaran el yacimiento arqueológico
• impedir la escritura pública de una parcela por alguna congregación reliogisa que extiende su dominio más allá de su templo.
• etc...

Ese requerimiento al Ayuntamiento para que haga algo debe ser comunicado a todos los que se puedan ver afectados por las correspondientes acciones. Con ese requerimiento se consigue suspender el plazo para el ejercicio de acciones legales.

Durante treinte días hábiles, la entidad local "despistada" puede reaccionar y cumplir con sus obligaciones. Esos treinte días son hábiles. Se cuentan de lunes a sábado, excluyendo los festivos que haya.

Si en el plazo de esos treinta días, la entidad no acuerda el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar esas medidas en "nombre e interés de la Entidad Local".

El vecino puede obtener éxito en sus acciones. Lo que ha conseguido no es un resultado propio, es del Ayuntamiento. Por eso, tiene derecho a ser reembolsado por la Entidad  de las costas procesales y a la indemnización de los daños y perjuicios que haya sufrido.  Las costas son fáciles de calcular. Los daños y perjuicios abren la vía de la negociación. Si el Ayuntamiento no tenía interés en defender sus bienes, poco interés tendrá en pagar al honrado vecino. La conclusión será un nuevo conflicto judicial. Esta vez, para cobrar los gastos de defender a una institución que no quería defender su bien o derecho.