Este fue el video promocional de un proyecto disparatado, contrario a la legislación no sólo española sino también de la Unión Europea. Las exigencias eran tan exageradas como ridículas: incremento del volumen de edificación, modificación de la legislación laboral, reducción del rigor de la legislación anti-tabaco,....
El magnate norteamericano, Sheldon G.
Adelson, a través de su empresa Las Vegas Sands Corporation había presentado un faraónico proyecto de inversión de 30.000
millones de dólares en una serie de Resorts Integrados de ocio que preveía
casinos y 12 hoteles, con 36.000
habitaciones. La inversión
inicial era cercana a los 6.000 millones de euros. Iba a contratar a casi 100.000 personas tanto en la construcción como en el sector servicios, con un
plazo de ejecución previsto hasta el año 2016.
Lógicamente, la mayoría de Gobierno de la Corporación del consistorio del
municipio de Alcorcón, lugar de instalación del futuro proyecto, era partidario
del proyecto considerando el impacto positivo tanto en la actividad económica
de la ciudad como en la reducción del porcentaje de desempleo de la ciudad.
Dicho proyecto fue recibido con reparos con numerosas y autorizadas fuentes
del sector madrileño de ocio. Por otra parte, la arrogancia de la empresa Las Vegas
Sands produjo el rechazo político del resto del arco parlamentario madrileño. Este
proyecto era percibido como la reedición del “pelotazo” urbanístico, esta vez
en su vertiente ocio, acompañado de los efectos colaterales e indeseables de
cualquier actividad del juego.
EL ÓRDAGO A LA GRANDE
En una extraña jugada que en términos de mus, podría entenderse como de órdago
a la grande, la empresa Las Vegas Sands pretendió que el Ejecutivo español
asumiera todas las pérdidas del proyecto en caso de que este fuera deficitario. Además, Las Vegas Sands quería recuperar toda la inversión realizada si
cambiaban las condiciones del proyecto en mitad de su construcción. También
solicitaba una compensación económica si el macrocomplejo de ocio y juego no
podía llegar a buen término. Estas condiciones
exigidas por la empresa norteamericana han
sido de última hora y sin precedentes en ninguno de los países en los
que ya están asentados.
Estas pretensiones deben comprenderse dentro del concepto de aventura
empresarial americana. La empresa ya tenía decidido no invertir en España.
Ahora bien, la no realización de un proyecto tiene un coste en términos de
fiabilidad empresarial. El mundo bursátil de Nueva York habría castigado a una empresa
que renuncia a realizar un gran proyecto. Además, tampoco era de recibo dejar al
descubierto a aquellos políticos que se habían comprometido con el magnate
norteamericano. Por lo tanto, la compañía estadounidense planteó cuestiones y
garantías absolutamente inaceptables para el ordenamiento jurídico español.
Ambas partes se benefician de la denegación. El gobierno central español se
apunta una imagen de firme defensor del ordenamiento jurídico español. La
empresa despechada puede exhibir esa renuncia a sus pretensiones para
justificar que no puede arriesgar en un escenario económico incierto.
Fuentes del Palacio de la Moncloa se muestran convencidas de que el
empresario ya ha elegido otro destino que podría estar en Oriente Medio. En los
mentideros políticos, se vaticina que la empresa se ha decidido por Japón,
siguiendo la estala de los Juegos Olímpicos. Dicha versión no será confirmada hasta un
tiempo prudencial para no incrementar el fiasco del intento de celebración de
los Juegos Olímpicos en Madrid.
