Para un cargo público, los límites de su vida privada se ven difuminados por la función pública a la cual se debe. Los precedentes son innumerables.
Recientemente, en Francia, el Presidente François Hollande ha tenido que dar explicaciones sobre la separación con Valerie Trierweilerde, su pareja. Tras 8 años de relación, parecía inevitable a raíz de las revelaciones realizadas el pasado 10 de enero por el semanario Closer sobre el idilio secreto del jefe de estado francés con la actriz Julie Gayet.
En el Reino Unido, el heredero a la Jefatura del Estado, la Corona del Reino Unido, Carlos, príncipe de Gales , tuvo que soportar el escarnio público al hacerse público su relación con Camilla Parker-Bowles que se habían iniciado muchos años atrás y se mantuvieron incluso durante su matrimonio con la fallecida princesa de Gales.
En España, el Rey Juan Carlos I ha tenido que explicar su relación con la mediadora comercial Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Ambos han negado compartir una relación sentimental. Tras el viaje de caza a Botsuana y el traslado del accidentado monarca a la península, la opinión pública ha aceptado la existencia de problemas matrimoniales con bastante naturalidad.
Sin embargo, aún se debaten los limites de la vida privada de los cargos públicos. Algo que en España, no había tenido ninguna relación toda vez que se consideraba asunto privado, empieza a ser motivo de crítica. En efecto, cada cual es libre de elegir su modelo de familia. Ahora bien, es el contribuyente quién sufraga los gastos de mantenimiento de esa compañía. Por lo tanto, está en su derecho de reclamar transparencia al uso de los fondos públicos.
Por otra parte, los desmanes etílicos de un Alcalde no son más que expresión de una debilidad humana. Sin embargo, esa debilidad puede representar un poderoso activo electoral puesto que gran parte de la ciudadanía puede considerarlo una muestra de humanidad.
