La Universidad Politécnica de Madrid ha aportado al desarrollo del ODS 2: Hambre cero, gracias a su proyecto de primeras reservas genéticas de parientes silvestres de los cultivos en España, que contribuye al mantenimiento de la diversidad de las semillas y las plantas cultivadas.
Ante todo, conviene definir qué son los
parientes silvestres. Para ahondar lo justo en la materia, se recalca que los
parientes silvestres de cultivos corresponden a aquellos organismos que son
genéticamente cercanas a las especies que están domesticadas o en proceso de
serlo. Esto incluye tanto a la especie ancestral de donde se domesticaron
algunas de sus poblaciones, como a otras especies cercanas. En los últimos años,
están adquiriendo una gran relevancia a nivel internacional. Su importancia radica
en su estrecha relación con las plantas cultivadas, y en la posibilidad de
transferencia génica entendida como la transferencia horizontal de genes entre
especias cercanas, unas silvestres y otras cultivadas. Este traspaso de
material genético se convierte en una importante fuente de variación útil para
la mejora de cultivos.
¿La Administración está lanzando un
proyecto, programa, campaña de comunicación, o iniciativas de cualquier
naturaleza vinculadas al desarrollo sostenible donde sea ella el agente
“emprendedor”?
La oficina española de variedades vegetales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene dos instituciones jurídicas íntimamente relacionadas,
el Registro de Variedades Comerciales y el Registro de Variedades
Protegidas.
Cierto es que un Registro
Público es una institución jurídica destinada a dar publicidad de ciertos hechos.
Nada aporta, desde este enfoque a los ODS, un registro público. En efecto, la
existencia del Registro de la Propiedad en España debe situarse en 1768,
cuando la pragmática de 31 de enero del Rey Carlos III organiza y regula los
oficios o contadurías de hipotecas. Por lo tanto, su valor actual pasa por la
titularidad de bien o derecho inscrito, En el Ministerio de Agricultura,
el Registro de Variedades Comerciales incluye las variedades que han
superado los exámenes técnicos y, por tanto, son idóneas a nuestras condiciones
agro-climáticas. Posteriormente, pasan al Catálogo Común de la Unión Europea,
con lo que pueden ser comercializadas en toda la Unión Europea sin limitación
alguna y al Catálogo de la OCDE. Por su parte, el Registro de
Variedades Protegidas otorga a su titular una propiedad especial limitada en el
tiempo (Título de Obtención Vegetal), entrando a formar a parte, junto con las
patentes, en los tradicionales derechos de propiedad intelectual e industrial.
¿De qué manera el sector público adopta ese rol
protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?
La “Estrategia nacional de conservación y
utilización de parientes silvestres de los cultivos y plantas silvestres de uso
alimentario” es la plasmación del compromiso del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación con la conservación y mejora de la biodiversidad agrícola
y la protección de los recursos fitogenéticos de nuestro país. Se trata de un
aspecto crucial en la lucha contra los efectos del cambio climático en la agricultura
y constituye, por tanto, una aportación indispensable para afrontar el reto
global más importante y transcendental que tenemos por delante en los próximos
años. Esto se articula como el cumplimiento del Objetivo 13 que exige medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus repercusiones.
¿Podría esa iniciativa llevarse a cabo sin la
presencia de la Administración?
Como se ha dicho, ambos
registros son indispensables para el buen funcionamiento de la Industria
alimentario. En el Registro de Variedades Comerciales, es indispensable la
realización de ensayos de valor agronómico para algunas especies, mientras que
en el Registro de Variedades Protegidas se necesita el estudio de la novedad.
Como tal función pública, le corresponde la labor de dar seguridad a los
valores añadidos que aporta la industria alimentaria, a la par que almacenar
los parientes silvestres permitiendo que, en el futuro, sigan existiendo. Es
decir, se garantiza la sostenibilidad del medio natural, basándose siempre en
el control público de la ingeniería genética.
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