El debate sobre la inmigración en las ciudades españolas sigue encontrando réditos electorales en numerosas partes de España. Es cierto que la llegada de personas de otros países implica un cambio de costumbres de la ciudadanía nacional. A menudo, hábitos tan españoles como la defraudación a la seguridad social pasan a ser criticados como si fueran inventos extranjeros. Sin embargo, el extranjero no inventa nada. Repite esquemas de funcionamiento que existían antes de su llegada. Lo que, para algunos, resulta criticable ahora lo es porque lo hacen los "otros", los de fuera. Por lo tanto, conviene aceptar que si algo es contrario al principio de equidad o a la justicia social, lo ha sido siempre independientemente de quien lo haga.
El segundo aspecto es la concentración de la inmigración en algunos barrios. El motivo es también una decisión económica. Los centros de las ciudades suelen estar mejor conectados mediante el transporte público. Por lo tanto, el inmigrante, más pobre que el nacional, necesita de esos servicios públicos en mayor proporción. Otro aspecto, también económico, se encuentra en el precio del alojamiento. En los centros de las ciudades, las viviendas suelan ser más viejas que en la periferia. No se trata de vivienda histórica ocupada por población acomodada. Son generalmente barrios reconstruidos en los años 50 a 70 del siglo pasado sobre la malla urbana de un pueblo que paso de zona agrícola a urbana. Todos los centros de las ciudades dormitorios que rodean a nuestras capitales de provincia han sufrido esta especulación urbanística. El resultado es un urbanismo demoledor para la convivencia con total falta de comodidades actuales tales como carencia de aparcamientos, ascensores, calefacción.
Por lo tanto, la población española en esos barrios ha envejecido. Al fallecer los dueños mayores de estos pisos, los herederos optan por alquilarlos al inmigrante en situación legal que realquilará habitaciones a sus compatriotas para poder pagar la renta. No hay que olvidar que el arrendamiento es un mercado libre en cuanto a precio. Ante el boom de la inmigración a partir de 1992, una parte importante del colectivo inmigrante se encontró en una precaria situación administrativa. No eran legales para obtener tarjetas de residencia pero si eran contratados por la economía submergida. Por lo cual muchos se encontraban a merced de sus propios compatriotas para el acceso a la vivienda mediante realquiler de habitaciones. Al propietario de piso nacional, eso le era indiferente. Ninguna norma impide el empadronamiento en sus pisos llamados patera. Al propietario español, no le importaba los problemas de convivencia que eso generaba. El sólo estaba para ganar dinero.
En cuanto a la economía submergida, ahora con la crisis económica, se calcula que alcanza en España los 212.125 millones, un 22,5% de su PIB. Además, provoca que Hacienda deje de ingresar 74.032 millones de euros al año. Este porcentaje no era tenido en cuenta entonces pero no por ello era falso.
Por otra parte, esta inmigración es el fruto de una decisión económica que ahora, con desfachatez, se dice que se está demostrando ser errónea. No es cierto. Los informes del Banco de España eran contundentes pero no eran interesantes. ¡Quién iba a querer frenar el pleno empleo del tigre español! Lo cierto es que nuestro país optó durante el mayor ciclo expansivo de su historia reciente en incorporar masivamente a trabajadores poco cualificados a sectores muy intensivos en mano de obra. Ese verdadero efecto llamada nunca fue frenado ya que se tendría que haber actuado sobre el modelo de desarrollo económico.
Consecuencia de todo ello, en plena crisis, se hacen ofertas de retorno a trabajadores en paro. Ahora bien, las personas pueden decidir marcharse o ponderar esa situación de acuerdo con las posibilidades de sus países de origen tanto para ellos como para su descendencia. El resultado es que los extranjeros comunitarios en paro pueden optar trasladarse de España a Alemania. Sin embargo, un no comunitario no querrá hacerlo. El retorno forzoso, sin tener una propiedad comprada en el país de origen, es un fracaso del proyecto personal. El inmigrante no va a retornar a su país de origen si tiene que pagar alojamiento allí. Además, en Europa, existen sistemas de seguridad social y salud que garantizan una calidad de vida que no existen en África o América del Sur, lugares del que provenía mayoritariamente nuestra inmigración no comunitaria.
Por todo ello, la concentración de la emigración en los centros de las ciudades no va a disminuir porque el inmigrante halla en la concentración la red de apoyo que necesita para sobrevivir. Un español tiene a su familia. Un extranjero tiene a su compatriota. Ambos necesitan de los suyos para superar los efectos devastadores de esta crisis económica.
En cuanto a la economía submergida, ahora con la crisis económica, se calcula que alcanza en España los 212.125 millones, un 22,5% de su PIB. Además, provoca que Hacienda deje de ingresar 74.032 millones de euros al año. Este porcentaje no era tenido en cuenta entonces pero no por ello era falso.
Por otra parte, esta inmigración es el fruto de una decisión económica que ahora, con desfachatez, se dice que se está demostrando ser errónea. No es cierto. Los informes del Banco de España eran contundentes pero no eran interesantes. ¡Quién iba a querer frenar el pleno empleo del tigre español! Lo cierto es que nuestro país optó durante el mayor ciclo expansivo de su historia reciente en incorporar masivamente a trabajadores poco cualificados a sectores muy intensivos en mano de obra. Ese verdadero efecto llamada nunca fue frenado ya que se tendría que haber actuado sobre el modelo de desarrollo económico.
Consecuencia de todo ello, en plena crisis, se hacen ofertas de retorno a trabajadores en paro. Ahora bien, las personas pueden decidir marcharse o ponderar esa situación de acuerdo con las posibilidades de sus países de origen tanto para ellos como para su descendencia. El resultado es que los extranjeros comunitarios en paro pueden optar trasladarse de España a Alemania. Sin embargo, un no comunitario no querrá hacerlo. El retorno forzoso, sin tener una propiedad comprada en el país de origen, es un fracaso del proyecto personal. El inmigrante no va a retornar a su país de origen si tiene que pagar alojamiento allí. Además, en Europa, existen sistemas de seguridad social y salud que garantizan una calidad de vida que no existen en África o América del Sur, lugares del que provenía mayoritariamente nuestra inmigración no comunitaria.
Por todo ello, la concentración de la emigración en los centros de las ciudades no va a disminuir porque el inmigrante halla en la concentración la red de apoyo que necesita para sobrevivir. Un español tiene a su familia. Un extranjero tiene a su compatriota. Ambos necesitan de los suyos para superar los efectos devastadores de esta crisis económica.
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