Bandera azul en las playas españolas

Retomamos nuestra actividad con un tema típicamente veraniego: las playas.

Es de sobra sabido que el turismo en España es una industria que no se va a acabar nunca. Todos saben que tenemos los mejores precios, las mejores playas, el personal más amable, y las instituciones más comprometidas del mundo entero con el medio ambiente.

Basta recordar a nuestra “flamante” industria de la construcción que ha "alicatado hasta el techo” toda la costa española. No sólo lo dice nuestra pujanza económica sino que el mismo Parlamento Europeo (en adelante PE) se ha pronunciado con una Resolución  de 26 de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario.

 

Fundamentado en determinadas peticiones recibidas de ciudadanos atropellos en sus derechos, ha considerado que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década. El cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats /Natura 2000 y aves, como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en el Cabo de Gata y Murcia, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas. Eso  constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental. Todo ello, se produce principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado,

Nuestra imagen en Europa

No sólo los bienes padecen estas prácticas. También conforman abusos al que están sometidos miles de ciudadanos de la UE. Como consecuencia de los planes elaborados por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias.

Muchos miles de ciudadanos europeos, en diferentes circunstancias, han adquirido propiedades en España de buena fe, actuando conjuntamente con abogados locales, urbanistas y arquitectos, sólo para descubrir más adelante que han sido víctimas de abusos urbanísticos cometidos por autoridades locales poco escrupulosas y que, en consecuencia, sus propiedades se enfrentan a la demolición porque se ha descubierto que han sido edificadas ilegalmente y, por lo tanto, no tienen valor y no pueden venderse.

A las autoridades locales, se le suman “desinteresadamente, los agentes inmobiliarios de los Estados miembros, como los del Reino Unido, y otros prestadores de servicios relacionados con el mercado inmobiliario en España que siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de que tienen necesariamente conocimiento de que existe una posibilidad evidente de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya. Es encomiable esa confianza en nuestra economía nacional.

Este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico, ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, puesto que destruye los valores del territorio y fomenta la expansión urbana excesiva. Se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales, que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico,

Por eso, el sector de la construcción, que ha obtenido considerables ganancias durante los años de rápida expansión económica, ha pasado a ser la primera víctima del actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario. Ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas

Fruto de esta resolución, el PE pidió al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que llevasen a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el CEDH y en las directivas europeas pertinentes, así como en otros convenios de los que la UE forma parte. En concreto, pidió a las autoridades españolas que se derogasen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador.

Ante tal vergüenza, las Comunidades Autónomas procedieron a eliminar esa figura de su legislación sin, por supuesto, debate alguno. Acaso, podrían conocer los ciudadanos el alcance real del problema.

Además, las autoridades españolas debían velar por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad; ello es contrario al principio de irretroactividad de los actos administrativos, que es un principio general del Derecho comunitario (véase la sentencia del TJCE, de 29 de enero de 1985, en el asunto Gesamthochschule Duisburg, C-234/83, p. 333) que garantiza a los ciudadanos seguridad jurídica, confianza y expectativas legítimas de protección en el marco del Derecho de la UE.

No sólo eso, las autoridades españolas debían desarrollar una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos sobre la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos,

Esta resolución sólo ha servido para modificar el texto de las leyes autonómicas del suelo. Lo otro, el debate público que debía iniciar el gobierno de España no se ha realizado. De hecho, por lo visto, ya no es necesario. Por pudor, no me recrearé sobre la grave situación económica en la que vive tanto nuestro país como su ciudadanía.

En cuanto al respeto al visitante, aún no hemos aprendido nada. El visitante o turista es un consumidor que paga unos servicios.  Mediante una extraña tendencia municipal a ocultar información a sus visitantes, los municipios costeros siguen considerando que el turismo en un maná inagotable.  Un ejemplo de la falta de respeto al turismo son los servicios prestados en las playas. 

Guardamar del Segura

Para muestra, un botón. En Alicante, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura organiza su temporada de socorristas de playa del Uno de julio al treinta de agosto,  incluso en las playas provistas de servicio de apoyo para personas discapacitadas, véase servicio de silla anfibia. Que ese día sea viernes, no es relevante para la economía local. Es de una torpeza mayúscula dejar las playas desatendidas el último fin de semana de agosto. Es una broma pesada para quien elige la primera semana de septiembre confiado en este servicio durante esas fechas. La escusa del ajuste presupuestario es ridícula porque todo el comercio local se ha visto resentido. Además, ese trato recibido por el turista no se puede anular para el año siguiente.

Quiero creer que el desprecio al visitante - cliente se debe al hecho de no votar. Doy por hecho que, en democracia, es el votante quien vigila al gobernante.  Esto supone que el vecino censado electoralmente tiene mayor capacidad de presión hacia su dirigente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el visitante turista. Quiero suponer que la falta de respeto al turista se debe a que carece de instrumento político para afear la mala gestión del gobernante. No vota donde se le produce el daño. Luego, no existe su crítica por el mal gobernante.  En términos de mercado, siempre le queda la opción de no repetir allí donde le han tratado mal.

Ejemplo generalizado

Existe una falta de rigor en la sintonía de funcionamiento del servicio de seguridad en las playas y la temporada turística. En efecto, es bochornosa la disparidad de período de vigilancia de las playas. Unos ayuntamientos cubren el periodo de vigilancia del uno de julio al VIERNES 31 de agosto de 2012. Otros ALARGAN  el período hasta el domingo dos de septiembre. Otros, hasta el 15 de septiembre. La jornada diaria del servicio se inicia en unos a las once de la mañana. Otros lo hacen a las doce.

Dentro de esa parrilla horario, aparece un factor nuevo, el otorgamiento de una bandera azul que condiciona la elección de las vacaciones para un sector de la población cada vez más informada. Este criterio económico debe ser objetivado estableciéndose de manera homogénea en todos los municipios.  Sin embargo, el otorgamiento de una bandera azul no es resultado del cumplimiento de una norma ISO de control de calidad.

Bandera azul

Los ayuntamientos reciben esa denominación porque lo decide ADEAC (Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor). Es una asociación sin ánimo de lucro, cofundadora en el año 1982 de la FEE, (Foundation for Environmental Education)  junto con otras Organizaciones No Gubernamentales de cinco países europeos, constituyendo su rama nacional en España y responsable del desarrollo de sus programas.

Fee es, desde 1982, una organización internacional sin ánimo de lucro, independiente de grupos políticos, religiosos o económicos que actualmente agrupa ya a 74 ONGs, como miembros o asociadas, en 64 países de Europa, América del Sur y del Norte, África, Asia y Oceanía.

A nuestra queja, ADEAC respondió que los horarios y temporadas del servicio de salvamento y socorrismo en las playas eran establecidos por los ayuntamientos en función de las características de la playa, la afluencia de usuarios y la climatología local. Por supuesto, compartían nuestra opinión sobre la necesidad de que la temporada de baños en playas Bandera Azul como las de Guardamar del Segura se extiendiese hasta el 15 de septiembre. De hecho la inspección de ADEAC así lo había solicitado este verano a este ayuntamiento.  Eso sí, finalizaba con la consabida justificación de los recortes presupuestarios.

Lo cierto, es que el Parlamento ha expresado su preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas, como prueban los miles de reclamaciones recibidas por el Parlamento y su comisión pertinente en la materia;

Como consideración alarmante, el PE insiste en la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia;

Por todo ello, el PE Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados;