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martes, 5 de mayo de 2020

¿Llega por fin la contratación administrativa electrónica?

En una nota de prensa, se anuncia que el Consejo de Ministros, en su reunión del  cinco de mayo de 2020, ha dado vía libre a la reanudación de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades pertenecientes al Sector Público, así como a la puesta en marcha de otros nuevos procedimientos, siempre y cuando en ambos casos su tramitación se realice por medios electrónicos.

Asimismo, el Gobierno daría vía libre a la reanudación de los procedimientos de contratación y a la puesta en marcha de otros nuevos, siempre que se realice por medios electrónicos.

Se posibilita en esos términos la continuidad de los procedimientos de contratación que estaban suspendidos como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma.

El Gobierno, mediante una disposición adicional incorporada al Real Decreto-ley 7/2020 por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación derivada del COVID-2019, posibilita, en los términos antes mencionados, la continuidad de los procedimientos de contratación que estaban suspendidos como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma.

Este RDLey permite además el inicio de nuevos procedimientos de contratación por parte de las entidades del Sector Público si esto se lleva a cabo también por medios electrónicos.

Esta medida se extiende también a los recursos especiales en materia de contratación que procedan.

sábado, 14 de marzo de 2020

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


Para responder a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, el Gobierno precisó de una herramienta jurídica que alterara la distribución de poder existente en España, en situaciones de normalidad. Por eso, se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Cierto eso que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020, la situación creado por el COVID-19 a pandemia internacional. Esa situación deriva del Reglamento Sanitario Internacional (2005), instrumento de derecho internacional que entró en vigor el 15 de junio de 2007.

Nuestra Carta Magna define la existencia de los estados de alarma, excepción y sitio en su artículo 116 reenviando a la aprobación de una ley orgánica que los regulara. Así se hizo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que  habilita al Gobierno para, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad. Nadie puede negar que la situación era sumamente grave para que se decretara el estado de alarma. De hecho, la crítica política cuestionaba que no se hiciera antes.

Por esto, el gobierno ha aprobado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Afecta a todo el territorio nacional y su duración es de quince días naturales.
Recentralización del poder
A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno. Bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad, La Ministra de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministro de Sanidad.
Todas las FCSE a las órdenes del Ministro de Interior
El Ministro del Interior se convierte en el jefe máximo de todos los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para cuanto sea necesario a fin de proteger personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza
Limitación de la liberta

lunes, 7 de enero de 2019

Presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato y precio del contrato


La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) regula tres conceptos de vital importancia en la Contratación Pública: el presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato y el precio del contrato.


PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN (PBL)

El artículo 100 de la LCSP define el presupuesto base de la licitación como “el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario”.

Los órganos de contratación elaboran el presupuesto base de licitación respetando su adecuación a los precios del mercado. Resulta ser un parámetro utilizado, entre otros muchos extremos, en la determinación de la garantía provisional, imposición de la penalidad del tres por ciento por no formalización del contrato al que haya resultado adjudicatario, incluso como límite que no puede ser rebasado por el precio del contrato y para determinar la documentación que ha de contener los proyectos de obras.

Para su cálculo, deben ser tenidos en cuenta conceptos tales como los costes directos, los de carácter indirecto que se puedan derivar de la ejecución del contrato, otros gastos eventuales y los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia (únicamente en aquellos contratos en los que dentro del precio del contrato se incluya el coste de los salarios de los empleados que ejecutarán el mismo).

Dichos conceptos deberán ser indicados en el pliego de cláusulas administrativas o documento regulador de la licitación. De no ser así, se entenderá como un incumplimiento por parte de los Pliegos de la Contratación, determinando así su revocación. Asimismo, interesa destacar, que será necesario aprobar el presupuesto base de la licitación, salvo con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico.

Para abordar la explicación del Presupuesto Base de Licitación, se ha optado por acudir a la Resolución nº 217/2020 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia (TARC Andalucía). Esta resolución se pronuncia sobre un Recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Málaga contra el anuncio y los pliegos que rigen el procedimiento de licitación del contrato denominado “Servicio de ayuda a domicilio del Excmo Ayuntamiento de Ronda” (Expte. 337/2020), convocado por el Ayuntamiento de Ronda (Málaga).



La organización sindical recurrente considera que el pliego no contiene un desglose pormenorizado de los costes directos e indirectos del servicio, y lo que es más relevante tratándose de un contrato en el que la mano de obra es determinante, tampoco efectúa el desglose de los salarios de las personas empleadas para su ejecución, y por otro lado, que son insuficientes para cubrir todo el coste laboral al que deberá hacer frente la adjudicataria, lo que permite llegar a la conclusión de que se producirá un incumplimiento por parte de ésta de sus obligaciones sociales y laborales.

Al respecto, el TARC Andalucía sostiene que el presupuesto base de licitación configurado en la cláusula 4 del PCAP no cumple todas las exigencias del artículo 100.2 de la LCSP, dado que aunque desglosa los costes directos e indirectos, al tratarse de un contrato de servicios y formar parte del precio total del mismo el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución, no indica de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Precisando que: “Al respecto, en el informe al recurso, en cuanto a la desagregación por género, se señala que no procede la misma en cuanto que las tablas salariales del convenio colectivo de aplicación no permiten ni recogen que existan diferencias por razón de género, circunstancia ésta que no es impeditiva del cumplimiento del precepto legal en cuanto a la exigencia de desagregación”.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El artículo 101 de la LCSP dispone que el valor estimado del contrato es el importe total pagadero (IVA excluido) dentro del cual deberá tenerse en cuenta para su cálculo, además de los costes derivados de la aplicación de normativas laborales, aquellos que se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial: (i) la opción eventual y posibles prórrogas del contrato; (ii) la cuantía de las primas o pagos a los licitadores cuando así se prevea (iii) las modificaciones contractuales.

En la práctica, el valor estimado del contrato sirve para concretar el régimen jurídico que resulta aplicable al procedimiento licitatorio y al contrato. En concreto, para determinar si se trata de un contrato armonizado (SARA), el procedimiento de licitación y su régimen de publicidad. Además, supone una aproximación a todos los gastos económicos que se pueden derivar del contrato, aunque finalmente no se den todos ellos en la práctica. La no inclusión del IVA en el valor estimado y la clasificación CPV  permiten que los contratos SARA sean debidamente comprendidos fuera de España, en un ejercicio de transparencia dentro de la publicidad de la licitación

 

Para realizar el cálculo correctamente se tomará: (i) en los contratos de obras, suministros y servicios, el importe total sin IVA (ii) y en los de concesión de obras y servicios, el importe neto de la cifra de negocios sin IVA que generará el concesionario durante la ejecución.

Igualmente, el valor estimado del contrato, es utilizado entre otros aspectos, por ejemplo, para determinar si los actos administrativos cualificados y resolutorios que se dicten en el proceso licitatorio, son susceptibles de ser o no recurribles mediante el recurso especial en materia de contratación.

 

Continuando con la Resolución nº 217/2020 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, el TARC Andalucía establece que, en cuanto al valor estimado del contrato, en la citada cláusula 4 del PCAP, figura formalmente lo exigido en el artículo 101 de la LCSP, salvo lo requerido en el último párrafo del apartado 2 del citado artículo, que exige que en los contratos de servicios en los que sea relevante la mano de obra, como en el supuesto que nos ocupa, han de tenerse especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación, circunstancia que no es posible constatar en el presente caso, dado que como se ha expuesto en el presupuesto base de licitación no se indica de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

 

En definitiva, queda claro que no se incorporan en el PCAP -o en el documento regulador de la licitación todas las exigencias previstas en los artículos 100.2 y 101.2 de la LCSP. En concreto, como se ha analizado, no se indica de forma desglosada y con desagregación por género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia, sin que este Tribunal prejuzgue la validez de los cálculos y desgloses realizados en el resto de costes.

 

EL PRECIO DEL CONTRATO

El precio de la licitación tiene que ser siempre un precio cierto, entendiéndose incluido en la cifra, el importe a abonar por el IVA, debiéndose indicar éste como una partida independiente.

 

Merece destacar la Resolución 169/2021, de 25 de octubre, de la Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa IQUSDE AUXILIARES SL contra el acuerdo de adjudicación del contrato de “Servicios auxiliares de atención”, tramitado por el Ayuntamiento de Valle de Trápaga - Trapagarán.

 

En ella, se recuerda que constituye la retribución del contratista y se liquida según lo pactado -mediante la adjudicación de su oferta- y la prestación correctamente ejecutada. Se expresará (i) en euros (ii) moneda distinta del euro (iii) mediante otras contraprestaciones si se prevé mediante la legislación.

Los órganos de contratación velarán por la adecuación del precio al efectivo cumplimiento del contrato para poder determinar así correctamente la estimación del importe del presupuesto base de la licitación y la aplicación de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionadas.

 

El precio del contrato resulta ser un parámetro a tener en cuenta, entre otros aspectos, por ejemplo, en la determinación de la garantía definitiva.

 

En virtud del artículo 102.4 de la LCSP, el mismo podrá formularse en términos de precios unitarios o en términos de precios aplicables a tanto alzado a todo o parte de las prestaciones del contrato. Un especial apunte a la formulación del precio en términos de precio unitario: deberán estar referidos a los diferentes componentes de la prestación o unidades que se entreguen o ejecuten. Así, un contrato de obra a precio unitario será aquel en el que el importe de la remuneración al contratista se haga en función de la unidad de trabajo terminado.

No obstante, si la naturaleza y objeto del contrato lo permiten, se podrán incluir cláusulas de variación de precios.

En circunstancias excepcionales se pueden celebrar contratos con precios provisionales si la determinación no es posible antes del comienzo de la ejecución del contrato. Se determinará finalmente dentro de los límites del precio máximo y en función de los costes reales en que incurra el contratista y del beneficio que se haya acordado (no permitiendo la ley la revisión de precios en estos casos).

 

Asimismo, cabe destacar que, en los contratos del sector público el aplazamiento en el pago del precio está expresamente prohibido, salvo en el caso de pago mediante arrendamiento financiero, arrendamiento con opción a compra, y otros casos en los que la ley lo autorice de forma expresa.

 

 

CONCLUSIONES

El órgano de contratación cuenta con discrecionalidad técnica y presunción de acierto a la hora de fijar el presupuesto base de la licitación, el valor estimado del contrato y el precio del contrato (Resolución n.º 941/2021 de 30 de julio de 2021 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales)

 

 

En resumen, el presupuesto base de la licitación es el límite de gasto máximo que el órgano de contratación puede comprometer. Lo fundamental a la hora de presentar una oferta económica es tener en cuenta el presupuesto base de la licitación. En efecto, el valor estimado del contrato únicamente supone un concepto jurídico para configurar el Pliego de Contratación, el procedimiento licitatorio e incluso determinar si los actos administrativos dictados en el seno del expediente, son o no recurribles mediante el recurso especial en materia de contratación.

Para concluir, el precio del contrato es el precio cierto que constituye la retribución del contratista y se paga según lo pactado y la prestación ejecutada.

 

 

jueves, 1 de marzo de 2018

Derecho a la prolongación del servicio activo

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del del Tribunal Supremo (STS 834/2018 - ECLI: ES:TS:2018:834), de fecha uno de marzo de 2018 aborda el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta sección estimó el recurso interpuesto por una profesional médica contra la resolución del Gerente del Departamento de Salud de Gandía de 4 de mayo de 2015 que le denegaba su solicitud de prolongación del servicio activo y declaraba su jubilación forzosa con efectos del 25 de mayo de 2015.

Lo interesante de esta sentencia consiste en la reacción del Alto Tribunal frente a una Comunidad Autónoma. En otros precedentes la Generalitat Valenciana ya había impugnado sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que habían estimado recursos formulados por personal estatutario de las instituciones sanitarias de la Consejería de Sanidad a los que se les había denegado su petición de prolongación en el servicio activo al llegar a la edad de jubilación y se había declarado su jubilación forzosa. Todas las sentencias recurridas anularon las resoluciones impugnadas en instancia porque, en una sentencia anterior, la misma Sala de Valencia declaró la nulidad del Decreto autonómico 136/2014, de 8 de agosto, que constituía el soporte normativo de los actos impugnados.

Por todo ello, la Generalitat recibió una condena moral y judicial del TS que le recordaba que la norma que prestaba cobertura al acto administrativo impugnado ya había sido declarada nula de pleno Derecho porque quedaba patente que la fundamentación de la denegación de la prolongación de servicio y la declaración de jubilación se habían sustentado explícitamente sobre una norma declarada nula, lo que abocaba irremediablemente a desestimar el recurso.

Asimismo, recalcaba que la reiteración innecesaria de una doctrina había llevado a apreciar temeridad procesal en otros casos (Por todas, sentencias de 14 de junio de 2010 (Rec. nº 166/2008 ), 7 de junio de 2011 (Rec. 10/2010 ) ó 27 de julio de 2011 (Rec. 523/2008 ). Por lo tanto, el TS procedía a condenar en costas a la Generalitat Valenciana. Aunque, pírrica victoria, en aplicación del artículo 93.4 LJCA, el TS limitó, sin embargo, a dos mil euros (2.000 €) la cantidad que la doctora podía reclamar, como parte recurrida, de la Administración recurrente

viernes, 26 de febrero de 2016

Charla/coloquio “Fútbol y menores: La supuesta protección

La charla/coloquio “Fútbol y menores: La supuesta protección", se celebró el sábado 26 de febrero, en el Polideportivo El Zaburdón, de San Lorenzo de El Escorial



Como representante de SOS, FEDERICO GALLARDO explicó los motivos por los cuales SOS RACISMO ha presentado dos quejas ante el Defensor del Pueblo por la discriminación recogida en las circulares nº 37 y 74 de la temporada 2014/2015 y la circular nº 21 de la temporada 2015/2016. La primera queja ya ha supuesto que se dé traslado a la Fiscalía General del Estado. Demostró la discriminación contemplada en el mismísimo título de la circular nº 37. Se clasifican los extranjeros y españoles no de origen, todos ellos menores de 10 años de edad. Esto crea dos categorías de españoles: los españoles de origen frente a los españoles no de origen. Es una clara violación de la Constitución que establece en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La RFEF vuelve a recuperar el concepto preconstitucional del oriundo. Además, se logra el absurdo de impedir que un menor no pueda jugar al futbol con sus compañeros de clase y sin embargo, a partir de los 18 años, puede morir por este país; el ejército español admite a los sudamericanos pero la Federación de futbol, no. Es más fácil ser militar que jugar al futbol.



En el fútbol, el concepto de la nacionalidad española es complejo. Por ejemplo, el jugador del FCBarcelona, Lionel Messi, tiene doble nacionalidad. Es argentino cuando está en Argentina y es español desde 2005. Esto lo permite no ocupar plaza de extranjero en su equipo, aumentando su valor económico. Sin embargo, todo el mundo lo considera argentino.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Modificación régimen de responsabilidad patrimonial de la Admón (RPA)





Los centros ESADE y CCIES analizaron el impacto de la reforma introducida por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público en relación con el TRLCSP (en vigor desde el 22/10/15), en el régimen de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (RPA). Se trata de una reforma legal que implica un cambio absolutamente radical, en la regulación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública y, por extensión, en el conjunto del sistema concesional de infraestructuras y servicios públicos.

miércoles, 8 de julio de 2015

Ordenanza del régimen de utilizacion y usos de las playas

Las playas de nuestro litoral constituyen un recurso natural, activo paisajístico y atractivo turístico indudable para nuestro país. Por eso, tal y como ocurre en numerosas zonas del país, las ciudades costeras son receptoras de una importante masa de población que se acerca a la costa, fundamentalmente durante la época estiva. Sin embargo, cada vez más, se fortalece la industria del turismo el resto del año, tanto para disfrutar de su tiempo de ocio, como para la práctica de actividades deportivas.

En efecto, España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio público de unas 13.560 hectáreas.

La intensificación del uso a que se someten las playas aconseja la aprobación y aplicación de una normativa de ámbito municipal que haga posible, por parte de las personas usuarias de las playas, un uso racional y compatible del medio físico, de forma que se garantice una convivencia adecuada y un máximo respeto al medio ambiente en un entorno delicado, objeto de una necesaria protección. Además, ese derecho de esas personas debe conjugarse con el deber que el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, tiene de velar por su utilización racional, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y proteger el medio ambiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de Costas, de 28 de julio de 1988, las playas constituyen un bien de dominio público marítimo terrestre estatal. Por su parte, el artículo 115 de esta citada Ley  atribuye competencias municipales en el dominio público marítimo terrestre estatal que, en lo referente a playas, se concretan en:
— Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
— Vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las personas.
— Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de Régimen Local.

jueves, 2 de julio de 2015

Las actividades clasificadas sometidas a comunicación previa y licencia de actividad

La vida local se ha visto profundamente impactada por una norma europea. Se trata de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que tiene por objeto hacer efectivo un espacio interior sin fronteras en lo que afecta a los servicios, procediendo a eliminar aquellas barreras que obstaculicen el desarrollo de tales actividades de servicios entre los Estados miembros.

Esta Directiva fija una serie de principios y reglas que liberalizan el acceso y ejercicio de las actividades de servicio, estableciendo que tales actividades solo podrán quedar supeditada a la obtención de una autorización por parte de las autoridades competentes en el caso de que dicho acto cumpla con los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.

Sin embargo, hasta la fecha, la técnica de la intervención a través de autorizaciones previas a la actuación de los prestadores de servicios era el proceder más común. Ahora, con la Directiva 2006/123/CE, cualquier restricción al acceso o a la prestación de servicios en el ámbito municipal ha de ser considerada como una excepción a la libertad de acceso y prestación. Por consiguiente, debe cumplir los criterios anteriores. Luego, los municipios deben proceder a adaptar su normativa a la citada Directiva y a las leyes de transposición. Deben depurar su sistema normativo de todos aquellos requisitos prohibidos de forma absoluta y analizar o evaluar aquellos requisitos relativos bajo los criterios establecidos para justificar los regímenes de autorización (no discriminación, necesidad y proporcionalidad).
Igualmente, la Directiva establece la obligación de simplificar los procedimientos y trámites, eliminando todos aquellos que no sean indispensables para los fines perseguidos. Prevé el derecho de los prestadores a disponer de un interlocutor único y establece que pueden obtener toda la información sobre el acceso y ejercicio a tales actividades a través de una ventanilla única de la Directiva de Servicios. Anticipándose a nuestra futura Ley de Procedimiento Administrativo, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, adelanta que podrán llevarse a cabo todos los tramites por vía electrónica.

El Estado ha procedido a incorporar los principios y reglas de la Directiva de Servicios al derecho interno a través de diferentes leyes y disposiciones reglamentarias.

La primera adaptación de la Directiva se llevó a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, de contenido transversal y de carácter básico, con un enfoque ambicioso, representando una traslación de los nuevos presupuestos conceptuales de la intervención administrativa en materia de servicios al derecho interno.

Fruto de ello, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local introdujo en los medios de intervención en la actividad de la ciudadanía, junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación previa y el control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

Asimismo, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común incorporó un régimen jurídico básico de los medios de intervención en la actividad de la ciudadanía a través de la declaración responsable y la comunicación previa. Esta regulación mínima debe ser concretada por la legislación sectorial y completada para las actuaciones municipales concretas en las actividades de servicio por parte de las ordenanzas locales.

Igualmente, la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, incorpora, entre otras modificaciones, el derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de información a través de medios electrónicos.
Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modificó, entre otra normativa, la Ley 7/1985, de 2 de abril, añadiendo un nuevo artículo 84 bis referido a las autorizaciones para el ejercicio de actividades y un nuevo artículo 84 ter por el que se exige a las Entidades locales establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior, del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de actividades que no precisen autorización habilitante y previa.
Finalmente el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de Apoyo a los Deudores Hipotecarios, de Control del Gasto Público y Cancelación de Deudas con Empresas y Autónomos contraídas por las Entidades Locales, de Fomento de la Actividad Empresarial e Impulso de la Rehabilitación y de Simplificación Administrativa, y la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (en particular, las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas) que afectan al inicio y ejercicio de las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de ese real decreto-ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 500 metros cuadrados, salvo que las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

Este cuadro normativo se ha completado en numerosas Comunidades Autónomas con la entrada en vigor de leyes autonómicas de adaptación a la Directiva 2006/123/CE.

Consecuencia de las sucesivas capas de poder territorial, las ordenanzas locales, dictadas al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por la Constitución española y su normativa básica de desarrollo, deben  llevar a cabo una adaptación de la normativa local con un enfoque razonable y prudente del problema, buscando, por una parte, normalizar los procedimientos, adecuándolos al marco normativo vigente, integrando las regulaciones urbanísticas y sectoriales con las normas generales de rango superior, y por otra, posibilitar la agilización de los procedimientos, mejorando la eficiencia de los servicios técnicos municipales, reduciendo los plazos de respuesta a las solicitudes, unificando los criterios reguladores de dicha actividad y, en suma, conformando un marco normativo seguro y ágil que redunde en un mejor servicio a la ciudadanía.

Todas estas normas establecen con carácter general la obligación de adoptar medidas de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa y sustitución, en determinados casos, del procedimiento de licencia por el de actos comunicados.


De este modo y bajo los principios de austeridad, eficiencia, agilidad, transparencia, calidad y seguridad jurídica, los municipios deben continuar con el proceso de normalización de los diferentes procedimientos administrativos simplificando su tramitación, eliminando aquellos trámites innecesarios y resolviendo con la mayor agilidad.

lunes, 1 de junio de 2015

El tablón edictal único

Desde el 1 de junio de 2015, el “Boletín Oficial del Estado” funciona como Tablón Edictal Único. Diariamente en él, se publican todos los anuncios de notificación que las Administraciones Públicas deben realizar cuando la notificación personal de las decisiones administrativas no sea posible, bien porque se desconozca la identidad de los interesados o su domicilio o bien porque haya resultado infructuosa.

Hasta ahora, la ley 39/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC) establecía que estos anuncios se debían publicar en uno de los 63 boletines oficiales existentes (en el del Estado, en los autonómicos o en los provinciales) o en una pluralidad de tablones edictales electrónicos, dependiendo de cuál fuera la Administración que notificaba o la materia a la que se referían, lo que complicaba que los interesados pudieran tener acceso a los anuncios que les afectaban. 

El Tablón Edictal Único aligera la carga que esa dispersión suponía para ciudadanos y empresas, puesto que ahora una única consulta al BOE basta para obtener información de todas las notificaciones que puedan tener pendientes. 

Para facilitar su localización, la Agencia Estatal BOE también ofrece la posibilidad de búsqueda en bases de datos y de suscripción gratuita a su servicio de alertas para recibir información diaria de los anuncios de notificación en los que aparezca recogido el NIF del interesado. Este sistema es de carácter orientativo y no compromete la eficacia de la notificación edictal. Es decir, la notificación edictal se perfecciona con la publicación en el Boletín Oficial. No está condicionada por la recepción del mail ya que ello abriría otro debate sobre la validez de la entrega de este correo.

La magnitud del proyecto se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que el sistema informático que soporta la remisión de los anuncios de notificación cuenta en este momento con 15.000 usuarios registrados de las distintas Administraciones y que en apenas una semana de vida, el BOE ya ha publicado, como Tablón Edictal Único, más de 10.000 páginas. Todo ello sin coste alguno para las Administraciones que solicitan la inserción de sus anuncios, ya que la publicación en el diario oficial del Estado se realiza de manera gratuita para todas ellas.

Oposición de las Comunidades Autónomas
Ahora bien, esta decisión del Gobierno no ha dejado indiferente a ciertas Comunidades Autónomas toda vez resulta que la publicación en el BOE ha quedado preferente sobre la efectuada en los boletines autonómicos. Algo que modificaría el reparto competencial. En ciernes, se preparan futuros conflictos constitucionales.